La Asamblea Nacional acaba de aprobar, con 77 votos, una reforma que cambiará radicalmente la forma en que alcaldes y prefectos administran nuestros impuestos. Conocida como la «Ley del 70/30», esta normativa impone una regla matemática estricta para frenar el gasto burocrático.
Lo que a simple vista parece un mero ajuste económico, es en el fondo, la mayor prueba de fuego de la última década para el liderazgo y la capacidad de gestión local. Pero, ¿qué significa esto realmente para nuestras ciudades, provincias y, sobre todo, para los programas destinados a los más vulnerables?
La obligación de construir realidades tangibles
La nueva regla exige que el 70% del presupuesto de los gobiernos locales se destine obligatoriamente a inversión física, bienes de larga duración y obras que la ciudadanía pueda ver, tocar y utilizar. El objetivo es cerrar de golpe la brecha de servicios básicos que castiga al país, donde cuatro millones de personas no tienen de agua potable y el 19% de los niños sufre desnutrición crónica.
Este porcentaje queda legalmente blindado; el Ministerio de Finanzas solo lo aprobará si se traduce en resultados materiales. ¿En qué debe invertirse?
- Saneamiento e infraestructura básica: Redes de alcantarillado, plantas potabilizadoras o asfaltado urbano y rural.
- Equipamiento de larga duración: nuevos de recolectores de basura, clínicas móviles o maquinaria para mantenimiento vial.
- Espacios de atención física: Nuevos asilos de ancianos, remodelación de centros de desarrollo infantil o construcción de mercados municipales.
Ni un solo centavo de este 70% podrá desviarse para pagar sueldos administrativos, consultorías que se quedan en el papel o fiestas pasajeras. Es dinero protegido de manera exclusiva para garantizar servicios públicos esenciales y materializar obras que mejoren directamente la vida de la gente.
La gran prueba de fuego
Si el 70% está bloqueado para obras, a las autoridades les queda apenas un 30% para sostener todo lo demás. Es exactamente en este estrecho margen donde se definirá la verdadera vocación de un administrador público.
Dentro de esta fracción, tendrán que convivir a la fuerza dos mundos que ahora compiten por los mismos recursos. Por un lado, el aparato administrativo y sus lujos: sueldos del alcalde, concejales y asesores, alquiler de edificios, camionetas para directores, publicidad institucional, viáticos y millonarias fiestas. Por el otro, el corazón de los programas sociales: la inversión humana intangible que garantiza el pago a médicos, psicólogos para víctimas de violencia, parvularias y trabajadoras sociales.
La nueva ley no pone en riesgo los programas sociales, pero si lanza un ultimátum a la autoridad: si realmente le importan los más vulnerables, deberá demostrarlo recortando sus propios privilegios. Si un alcalde quiere sostener los centros de acogida, la atención psicológica y el fomento cultural, tendrá que reducir sus asesores, cancelar fiestas sin sentido y eliminar instituciones duplicadas que operan en paralelo solo para engordar el gasto corriente.
Si la autoridad decide recortar o cerrar un programa de asistencia social alegando que «la nueva ley le quitó el dinero», estará mintiendo. Lo que realmente estará confesando es que, al verse obligado a elegir entre proteger a la gente o proteger a su burocracia, prefirió salvar sus lujos administrativos.
El fin de las excusas
La reforma envía un mensaje contundente: la autonomía no es un cheque en blanco. Si un gobierno local no cumple con destinar el 70% a obras, el Estado limitará sus transferencias. La ineficiencia tendrá consecuencias directas y el culpable no será el Gobierno Central, sino la mala gestión en territorio.
Además, aunque la deuda del Estado con los GAD es real y debe ser pagada, este atraso ya no puede seguir utilizándose como el comodín permanente para encubrir la ineficiencia local. Cuando los informes de rendición de cuentas muestran administraciones que a duras penas ejecutan la mitad de lo planificado al cierre del año, la barrera deja de ser únicamente la falta de liquidez que llega desde Quito. El verdadero problema es la incapacidad operativa, la lentitud en compras públicas y la torpeza administrativa interna.
De cara a las elecciones de 2027, la pregunta decisiva para quien busque la reelección o intente llegar al cargo es una sola: ¿está dispuesto a desmantelar el exceso burocrático y dejar de usar el Municipio como una agencia de favores políticos? El gran reto será priorizar la inversión de esos recursos y redirigirlos hacia quienes sostienen el tejido social. Priorizar el bienestar humano exige, paradójicamente, una administración mucho más pequeña y austera.
Alejandro Fabara Torres 